El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, propuso la creación de un pacto interinstitucional para prevenir la corrupción y blindar la integridad en todo el sistema de administración de justicia, al tiempo que advirtió que endurecerá el control disciplinario sobre abogados y notarios.
Durante una exposición sobre los ejes clave de su gestión, Montero ilustró cómo las malas prácticas extrajudiciales —como el manejo irregular de documentos o promesas falsas a los ciudadanos a cambio de partidas económicas— erosionan la credibilidad del sistema.
Enfatizó que, aunque el Poder Judicial concentra la capacidad decisoria y de deliberación, los actos ilícitos cometidos por cualquier eslabón de la cadena terminan desacreditando a toda la administración de justicia.
Para contrarrestar esta problemática, la propuesta formal presentada contempla la articulación de una campaña integral de prevención y concientización que involucre a cinco sectores fundamentales:
La Policía Nacional
El Ministerio Público
El Ministerio de Interior y Policía
La Oficina Nacional de la Defensa Pública
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)
«No basta con que nosotros preparemos y blindemos a nuestros jueces para que no incurran en ese tipo de actos. Hay que ir a incidir con esos actores también, hay que concientizarlos y decirles que esas son malas hazañas que dañan el sistema», señaló el magistrado, al recalcar que el impacto recae principalmente sobre el Poder Judicial por ser el órgano con el poder de decisión.
Fin al rezago y orden en el sector legal
En un segundo eje estratégico, Montero anunció el lanzamiento de un proyecto de fortalecimiento en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia para agilizar la jurisdicción disciplinaria que por ley le compete sobre abogados y notarios públicos.
El objetivo central de esta iniciativa es garantizar procesos en un tiempo razonable, erradicar el rezago histórico y rescatar a la jurisdicción disciplinaria del ostracismo en el que se encontraba.
El presidente de la SCJ cerró con un llamado directo a los profesionales del derecho y la notaría a actuar con estricto apego a la ética, advirtiendo que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que «tiene que terminar este desorden» en los procesos disciplinarios para garantizar un sistema de consecuencias real frente a las estafas y falsas promesas que afectan a la ciudadanía y al Estado de derecho.
Insistió a esos profesionales a que «simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos» porque la jurisdicción disciplinaria tiene que asumir su rol y decidir quien es inocente o culpable.
Montero expuso estos temas durante una reunión con periodistas a los que detalló su agenda de trabajo del primer cuatrimestre, la cual se organiza en cuatro ejes estratégicos: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional.
