El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) solicitó formalmente este lunes que el Presupuesto General del Estado para el año 2027 incluya una asignación presupuestaria para el Ministerio Público equivalente al 1.44 % de los ingresos internos del Estado, conforme a la distribución prevista en la Ley núm. 194-04.
De acuerdo con una nota de prensa del gremio, la solicitud fue presentada por el magistrado Denny Silvestre, coordinador general del Consejo Directivo de Fiscaldom, y dirigida al presidente de la República Luis Abinader, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco; al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria; al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
La Ley No. 194-04 de la República Dominicana es la normativa que otorga autonomía presupuestaria y administrativa al Ministerio Público (Procuraduría General de la República) y a la Cámara de Cuentas, además de regular los montos asignados para el sector justicia y los poderes del Estado.
La asociación pidió a las autoridades responsables de la formulación y aprobación del presupuesto garantizar la inclusión de esta partida para fortalecer la capacidad operativa de la institución y el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Solicitud fundamentada
Según explicó Fiscaldom, su petición está fundamentada en la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, reconocida por la Constitución de la República, así como en la Ley núm. 194-04.
La normativa establece una asignación conjunta de al menos el 4.10 % de los ingresos internos para el Poder Judicial y el Ministerio Público, distribuida en un 65 % para el primero y un 35 % para el segundo.
Esta última proporción equivale aproximadamente al 1.44 % de los ingresos internos, conforme indicó en la nota.
Consideró que garantizar los recursos solicitados es fundamental para que el Ministerio Público desempeñe sus responsabilidades constitucionales con independencia y disponga de las condiciones necesarias para responder a las demandas del sistema de justicia.
Impacto de las limitaciones presupuestarias
Asimismo, advirtió que las limitaciones presupuestarias afectan las condiciones laborales y remunerativas de fiscales y servidores administrativos, así como la disponibilidad de equipos y herramientas tecnológicas.
Señaló que algunas dependencias presentan carencias de computadoras, impresoras y conectividad, recursos que dijo son indispensables para desarrollar investigaciones, ejercer la acción pública y brindar atención adecuada a los usuarios.
«No se trata únicamente de una reivindicación presupuestaria, sino de garantizar que el Ministerio Público cuente con los recursos necesarios para cumplir el mandato constitucional que le ha sido confiado», expresó la entidad en la comunicación.
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